Existen un par de casos que implican a médicos en Guanajuato, en las últimas dos semanas, y que me han erizado la piel.Ambos son dignos de ocupar la primera plana de un pasquín de nota roja. Pero también de análisis sociológicos y de criminología.
Uno tiene que ver con un médico de la cúpula política de la salud estatal, y otro con el primer nivel.
Abarcan entonces todos los estratos de salud, y aún cuando se trata de casos extremos y excepcionales, son espejo, de alguna manera, de lo que ocurre a nivel nacional.
El primer protagonista es un ex secretario de salud con una especialidad, el segundo un médico aparentemente con experiencia en tratamiento de heridas y pie diabético. Ambos con práctica en la medicina privada.
También tienen en común que ambos han aparecido en las benditas redes sociales. Aunque con una diferencia, la nota periodística que apareció en redes sociales sobre el ex secretario de salud, fue bajada del internet horas después de haberse publicado; pero por otra parte, parece haber una mordaza periodística de igual manera en el segundo caso. También tienen en común que no actuaron solos, parece ser que con otros médicos.
En el primer caso un periodista entrevistó a la madre de un niño que habiendo sufrido un accidente fue llevado por su familia a un hospital privado. Fue intervenido “del riñón” a decir de la madre por el ex secretario de salud, que no es ni cirujano pediatra ni especialista en cirugía renal, pretendiendo cobrar alrededor de $150,000 pesos. La familia había pagado el costo de la hospitalización, les informaron sobre el monto faltante de pago al médico. A la familia le fue requerida la entrega de las escrituras de su casa al no poseer la suma exigida por el médico.
El reportaje desapareció horas después de ser publicado hace unos días. ¿Qué obligó al periodista a autocensurarse, y con tanta velocidad?.
En el segundo caso, el médico, podólogo, con antecedentes de diversos fraudes a lo largo de su vida, en ese y otros Estados, se habla de ludopatía y otras aducciones, aparentemente bisexual y con una doble vida.
Confesó su pedofilia y el asesinato de un menor posteriormente a lo que se ha dado a conocer como un intento suicida ante un arresto inminente, aunque no se ha dado a conocer la procedencia del arma. ¿En realidad él mismo se disparó?. Debido a su confesión pudo encontrarse el cuerpo sin vida del niño en Jalisco.
Curiosamente en unos cuantos días el médico fue dado de alta del hospital.
De acuerdo con la Físcalía General de Guanajuato “se acreditó su responsabilidad en los hechos”. El infanticida fue arrestado por violación, homicidio calificado y desaparición forzada.
No parece ser ésta su primera víctima, se dice que en su celular y en su casa, la policía encontró imágenes de otros menores de edad. Se habla sobre pruebas de la existencia de otros implicados.
Se asegura por periodistas que existen mensajes y videos. Sin embargo, nadie más ha sido detenido.
Las autoridades no han dado a conocer quién es el propietario del vehículo empleado en el crimen. Hay algo todavía de mucho mayor impacto, como si no fuera suficiente el horrible crimen cometido: en el programa del periodista “Mafian TV” se afirma que se han descubierto los cuerpos de 18 niñas y niños ultrajados en el sitio donde este médico violador y homicida señaló que se encontraba su víctima. Sin embargo, ni las autoridades ni otros medios han mencionado nada al respecto.
¿Qué tan grande y hasta qué niveles sociales y políticos alcanza esta red?, ¿será esta una causa de inoperancia judicial?.
De manera increíble, más no sorprendente, las investigaciones realizadas por periodistas han ido más avanzadas que las de las autoridades de ese Estado.
Estos casos me hacen pensar en diferentes cosas. Lo primero que me viene a la mente son algunos de los secretarios de salud que han sido arrestados: el de Javier Duarte en Veracruz (entidad en donde dieron agua en vez de fármacos a niños con cáncer), el de Gabino Cué en Oaxaca (quien por cierto padeció del COVID-19 encontrándose recluido en prisión), el de dos secretarios, dama y varón, de Juan Manuel Carreras en San Luis Potosí, o el de Aristóteles Sandoval en Jalisco, o el de la actual gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, secretario de salud en funciones sobre quien recaen denuncias de carácter penal y administrativo por presuntas compras irregulares realizadas cuando fue titular del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de León. Por cierto, que de la cuenta de Instagram de esta gobernadora se respondió a un ciudadano como “perro imbécil”, cuando éste preguntó por la seguridad.
Funcionarios señalados de abuso de la función pública, fraude, asociación delictuosa o desvío de recursos. Los mencionados se encuentran en el Top. También existe un largo listado de directivos de instituciones federales y estatales de Salud.
Todos ellos deshonestos y sociópatas. Como habrá quien considere sociopática y deshonesta la conducta del ex secretario de salud de Guanajuato, y cuestione entonces su actuar siendo secretario.
Estos son tan sólo algunos casos de médicos que han causado un profundo daño social. Una colección de narcisistas malignos, sociópatas y psicópatas.
Asimismo, los encontramos en instituciones federales de salud, como aquellos que cometieron el #CrimenLesaHumanidad y #TorturaMédica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía contra 474 pacientes, los que escondieron medicamentos oncológicos a niños con cáncer, los que compraron a sobreprecio medicamentos o desviaron recursos de Salud. Todos ellos en completa impunidad a pesar de que sus delitos costaron la vida a un número indeterminado de personas enfermas que murieron por no existir recursos diagnósticos ni de tratamiento.
De ahí la necesidad de aplicar estudios psicológicos, y antidoping a estudiantes de Medicina, a quienes se postulan para realizar una especialidad, agregando pruebas de confianza a quienes deseen ocupar un cargo político, o como funcionario público. Nos encontramos pletóricos de entes sin capacidad, o con problemas mentales dirigiendo instituciones de salud.
Asimismo, debe existir mayor control con los abastecedores de productos milagro tan abundantes en las redes sociales, con aquellos que prometen mejorar la salud con medios como la grafología, o aquellos que usurpando funciones realizan peligrosos procedimientos “estéticos” que terminan en terribles deformaciones, o incluso la muerte.
También todo esto recuerda el arresto del exgobernador de Puebla Mario Marín, por la detención ilegal y tortura de la periodista Lydia Cacho en 2005, quien publicó el libro «Los demonios del edén», en el que denuncia la existencia de una red de explotación sexual infantil en la que se encontraban involucrados empresarios y políticos mexicanos.
Llega a la memoria el caso de la confesión de Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia La Luz del Mundo, cuando se declaró culpable, en Los Ángeles, de tres cargos de abuso sexual de tres mujeres menores de edad.
O la acusación de la fiscal Moira Kim Penza sobre Carlos Emliano Salinas Occelli, hijo del expresidente de México, Carlos Salinas de co-conspirador en el caso NXIVM (Nexium), pues según la abogada, ayudó a Keith Raniere, arrestado en Puerto Vallarta y sentenciado a 120 años de prisión por un juez de Nueva York, a consolidar a la secta, de supuesta autoayuda y superación personal NXIVM, la cual en realidad se dedicaba a someter a mujeres y hacerlas esclavas sexuales.
Todo esto me trajo a la memoria hasta Goyo Cárdenas, el “Estrangulador de Tacuba” de menores de edad y de trabajadoras sexuales posiblemente sufrió encefalitis en la infancia, diagnosticándose “epilepsia psíquica”; cuando que en realidad no tenía ninguna patología neuropsiquiátrica.
En 15 días se convirtió, alguien que practicaba crueldad con los animales, en confeso homicida serial, necrófilo, considerando por algunos como el primer feminicida.
Otros consideran a “El Chalequero”, como el primer asesino serial de mujeres en México, al que Porfirio Díaz le perdonó la vida. Condenado a 20 años de prisión, en San Juan de Ulúa, Veracruz. Reincidente y recapturado, según algunas versiones por las investigaciones de un periodista. Desde entonces nada nuevo. Falleció en Lecumberri sin recibir sentencia.
Goyo Cárdenas, estudiante de Química, previamente a adentrarse en la abogacía, de acuerdo con algunas fuentes desde su reclusión en el Palacio Negro de Lecumberri, donde se casó; pasó por el legendario manicomio de La Castañeda para su estudio y tratamiento logrando un trato privilegiado, de donde llegó a escapar para volver a ser capturado.
Al igual que muchísimos reclusos nunca fue sentenciado.
La coyuntura política favoreció al Goyo.
El juez Raúl Gutiérrez determinó que Gregorio Cárdenas no fue “legalmente responsable de sus delitos” por causa de enfermedad mental; y en 1976, el ex presidente Luis Echeverría lo indultó a la “celebridad”.
Goyo Cárdenas tocaba el piano, pintaba y vendió su obra, se le dedicaron canciones, crearon estampas de su persona, fue el protagonista de diversos libros, su vida llegó al radio, al teatro y al cine, demandó sin éxito los derechos de autor. Para fines prácticos lo mismo que pasa para con los narcotraficantes, producto de la inconsciencia colectiva.
De manera sorprendente Goyo Cárdenas, ya graduado como abogado fue invitado a la Cámara de Diputados donde lo presentaron como un ejemplo “de un criminal rehabilitado y poder incorporarse a la sociedad”, fue homenajeado y ovacionado de pie. Los legisladores habían olvidado a las víctimas y a sus familias.
Pero no sólo fueron los legisladores, sino los medios los que ayudaron a transformar a un multihomicida, consciente y sin remordimiento, inicialmente odiado y temido, en esa “celebridad” social.
Goyo Cárdenas falleció a los 84 años en Los Ángeles, California.
Esperemos que eso no ocurra en Guanajuato.
Ahora, estos criminales son muchos y son peores aún que “El Estrangulador de Tacuba” o que “El Chalequero”, y en un contexto de normalización de la violencia.
De acuerdo con el Comité de la ONU sobre los Derechos de los Niños en México hay 17 mil 788 niños, niñas y adolescentes desaparecidos en la actualidad en un rango de edad de cero a diecisiete años. Cada día desaparecen catorce niños en México, un menor desaparece cada dos horas. Siendo las niñas y adolescentes las más afectadas.
En México, diariamente dos menores de edad mueren víctimas de agresiones por armas de fuego, de acuerdo con información de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Guanajuato es la entidad con el mayor número de homicidios por arma de fuego contra infantes y adolescentes en el país.
La descomposición del tejido social es enorme, al igual que la impunidad, de donde surgen la corrupción y la injusticia.
La sociedad estamos a la espera de acciones que resuelvan estos graves problemas y de políticas públicas efectivas que mejoren la salud mental en la sociedad, y protejan los Derechos Humanos de la población y de la infancia en particular.
Rodolfo Ondarza*. Neurocirujano, activista en defensa de DDHH, Presidente de la Comisión de Salud durante la VI Legislatura de la ALDF, por mayoría relativa del Partido del Trabajo, México. Periodista. Miembro de la Academia de Geopolítica y Estrategia. Ex Candidato a la presidencia de la CNDH.
