Congolese government troops and tanks are seen in the eastern Congolese town of Rumangabo, July 26, 2012. Congolese M23 rebels and government forces traded heavy weapons fire around two eastern villages on Thursday in another round of fighting that has forced thousands of civilians to flee towards the provincial capital Goma. REUTERS/James Akena (DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - Tags: CIVIL UNREST POLITICS CONFLICT MILITARY)
Como las muñecas rusas, la guerra civil que arrasa el este de la República Democrática del Congo, como otras que se libran en el continente africano, contiene en su interior varias guerras. Entre ellas, el Ejército federal o FARDC (Fuerzas Armadas de la República del Congo) libra con el grupo armado Movimiento 23 de marzo (M23), integrado fundamentalmente por ex militares y miembros de la etnia tutsis.
La violencia de sus acciones contra la población civil ha provocado que toda la comunidad tutsi ruandófona esté comenzando a sufrir un peligroso impacto en su seguridad. Acusados de colaborar con el grupo rebelde, también conocido como el Ejército Revolucionario del Congo (ERC).
Ya más de mil civiles, sospechados de colaborar con los insurgentes, han sido asesinados, mientras que se producen de manera constante asaltos y saqueos de sus aldeas; sus mujeres son violadas y su ganado robado, y sus plantíos destruidos, lo que ha traído como consecuencia el desplazamiento de esas poblaciones, que ahora se hacinan en diversos campos de refugiados. Además, se han denunciado linchamientos públicos y discursos xenófobos contra hablantes de kinyarwanda, la lengua tutsi que también usan los hutus.
La guerra entre el ejército y el M23, tras una pausa de casi diez años, volvió a iniciarse a fines de 2021. Durante este tiempo, los insurgentes han conquistado importantes sectores del este del país, con el evidente respaldo de Ruanda, que ha desplegado unos cuatro mil soldados.
En este contexto, la situación actual amenaza con ampliarse de una guerra civil a un conflicto regional, de confirmarse la participación no solo del ejército de Ruanda, sino también de efectivos de Malawi, Sudáfrica y Tanzania, mientras que militares de Burundi estarían operando junto a las tropas de Kinshasa.
La situación actual ha provocado que cerca de dos millones de personas se hayan sumado a los casi seis millones de desplazados, con una gran parte dirigiéndose hacia Goma, la capital del Estado de Kivu del Norte. Otros cientos de miles han escapado a Uganda o Ruanda. La capital provincial, originalmente habitada por unos 130 mil habitantes, ahora supera casi los 800 mil debido a los desplazamientos.
Si bien en la RDC existía una pequeña comunidad tutsi desde mucho antes de la independencia del país en los años sesenta del siglo pasado, a partir de entonces se inició un proceso de persecución, cuestionando su aparente origen extranjero, lo que incluso amenazó con la pérdida de su ciudadanía. Esta situación se agravó exponencialmente en 1994, cuando miles de tutsis ruandeses llegaron a la región escapando del genocidio perpetrado por la etnia hutu desde abril de ese año, con la articulación del gobierno francés. Fue precisamente la persecución y la discriminación contra los tutsis lo que llevó a centenares de ellos a unirse a diferentes grupos armados que posteriormente se unificaron en el M23, fundado en 2012.
En el actual conflicto, junto a las fuerzas federales, participan dos milicias formadas por miembros de la comunidad hutu: el grupo Nyatura, cuyo nombre significa “los que golpean duro” en lengua kinyarwanda, inicialmente una fuerza de autodefensa hutu, y las FDLR (Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda), cuyo brazo militar son las Forces Combattantes Abacunguzi (FOCA).
Las FDLR fueron fundadas en la RDC en el año 2000 por ex militares del ejército ruandés y miembros de milicias paramilitares de origen hutu, quienes estuvieron involucrados en el genocidio de 1994 y llegaron a la RDC huyendo de la justicia y las venganzas tutsis. Esta fuerza comenzó a degradarse en 2008, cuando contaba con cerca de siete mil efectivos y controlaba áreas mineras, de las cuales ha sido desplazada. En la actualidad, cuenta apenas con unos mil hombres, aunque es posible que Kinshasa, desde el resurgimiento del M23, esté apoyándolos con hombres y recursos.
La persecución de los tutsis ha obligado al presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, a declarar públicamente que “los tutsis son tan congoleños como las demás comunidades” y advirtió que los discursos de odio contra los ruandófonos solo sirven a los intereses del M23.
EL PELIGROSO GIRO DE TSHISEKEDI
Si bien la violencia en la RDC es crónica, generada por la disputa de sus infinitos recursos naturales y su extensa geografía de más de 2,35 millones de kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la segunda más grande del continente, apenas por detrás de Argelia.
La sinuosa trayectoria del presidente Tshisekedi desde su llegada al poder en enero de 2019, junto con la construcción de alianzas con diversos grupos armados que operan a lo largo del país, especialmente en el Este, y su asociación con diferentes etnias a las que utilizó para llegar al poder y luego descartó, es parte de las razones que han profundizado los combates en los diferentes frentes de guerra.
Esta situación permite que en provincias del este como Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, se intervenga constantemente no solo por empresas internacionales que operan ilícitamente en busca de minerales como coltán, cobalto, cobre, uranio, oro, diamantes, casiterita y otros, extraídos de manera artesanal al costo de numerosas vidas, sino también porque muchos de estos emprendimientos extractivos son auspiciados y financiados directamente por países vecinos como Zambia, Malawi, Tanzania, Burundi, Ruanda y Uganda, prácticamente a la vista de cualquier investigador.
Durante los primeros días de la presidencia de Tshisekedi, las FARDC trabajaron manifiestamente junto al ejército ruandés, permitiendo que estas tropas organizaran operaciones en territorio congoleño contra las FDLR e incluso retiraron los cargos contra los comandantes del M23 que estaban exiliados. Sin embargo, a partir de 2021, el gobierno congolés cambió sus planes, rompiendo la coalición política que lo llevó a la presidencia con su antecesor Joseph Kabila, y centrando sus acciones en cimentar un poder propio, libre de ataduras políticas.
Desde que Tshisekedi ordenó el estado de sitio en las dos Kivu y tras una purga en el ejército y las fuerzas de seguridad de los fieles a Kabila, cambió también el sentido de sus acuerdos con los países vecinos. Por ejemplo, a mediados de 2021 establece una fuerte alianza con Uganda, rival acérrimo de Ruanda, habilitando al ejército ugandés a enviar un numeroso contingente para ingresar al territorio de la RDC, para la persecución de las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA), grupo originario de aquel país y ahora vinculado con el Daesh, protagonista de innumerables matanzas en el este congolés.
Más tarde, también permitiría el ingreso de tropas del ejército de Burundi para perseguir a RED-Tabara, rebeldes con base en la República Democrática del Congo que buscaban derrocar al gobierno del presidente Évariste Ndayishimiye. Esto generó un estado de alerta para el gobierno de Kigali, al encontrarse aislado y rodeado por vecinos hostiles. Esto hizo que, desde el gobierno del presidente Ndayishimiye, comenzara a fluir recursos hacia el M23 desde noviembre de 2021.
Desde entonces, el contexto regional ha virado: Ruanda ha suavizado sus relaciones con Uganda y junto a las fuerzas de intervención de la Comunidad de África Oriental, con tropas llegadas desde Kenia, Sudán del Sur, Burundi y Uganda a partir de 2022, han intervenido para sofocar la violencia en el este de la RDC, exacerbada por el reinicio de las acciones del M23. Hasta que a fines del año pasado, otra fuerza multinacional convocada por el grupo de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC) desplegó tropas sudafricanas, tanzanas y malauís para perseguir a la alianza del M23 y las fuerzas del ejército de Burundi.
Este tráfico de armas de los ejércitos y grupos insurgentes ha convocado la atención de los Estados Unidos, que responsabiliza a Ruanda de generar inestabilidad en la región. Del mismo modo, el Consejo de Seguridad de la ONU y Francia han pedido a Ndayishimiye, el presidente ruandés, el retiro de sus tropas de la RDC. En este contexto, Washington ha aplicado sanciones contra el país, suspendiendo toda la ayuda militar.
Esta reacción de Washington ha sido un guiño para Kinshasa, para permitir que junto a su ejército puedan operar también contratistas de seguridad privados (mercenarios), sumándose también milicias locales conocidas como Wazalendo (patriotas), bien entrenadas y disciplinadas.
Mientras esta guerra se sigue librando en el este de la RDC, se conoce el incremento de los alimentos y llega la información de que las rutas se han convertido en una verdadera ruleta rusa, donde todo puede pasar, mientras que los hospitales, prácticamente sin insumos, están colapsando por los constantes arribos de heridos provocados por la utilización cada vez más efectiva de armamento como drones, misiles tierra-aire y rifles de asalto de última generación en cercanías de áreas urbanas, incluso en los alrededores de la ciudad de Goma.
Los informes de los hospitales indican que mientras antes la gran mayoría de los asistidos eran militares, en la actualidad esa ecuación se ha revertido, siendo cada vez mayor el número de civiles alcanzados por el fuego de los ataques y batallas en esta guerra que, como las matrioshkas, guarda en su interior otra sorpresa.
